Amnistia Animal - ¿Quienes somos?

BALANCE
DE 6 AÑOS DE PERRERA

Desde que en el 97, la SAPAP fue sustituida en la gestión después de 70 años de servicio, la perrera se ha convertido en una fuente de conflictos permanente,
Ya el propio concurso público para la adjudicación de la contrata de la perrera fue irregular y finalmente, "Nulo de pleno derecho" como reconoce el informe del Justicia de Aragón. Agotadas las vías administrativas ordinarias la SAPAP interpuso un contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de otorgar la contrata a una unión temporal de empresas (Semen Quality y Centro Técnico Veterinario de Huesca), cuando no cumplían el requisito de "clasificación empresarial", el mismo por el que esta Sociedad fue excluida del concurso. Tras dos años de instrucción, el tribunal lo archiva por extemporaneidad, ya que al parecer las irregularidades de la administración prescriben en dos meses.

Ahora la SAPAP se querella contra el Alcalde o quien fuera responsable, porque algún funcionario prevaricó, para eliminar a la Sociedad por falta de clasificación empresarial y sin embargo mantener en el concurso a una UTE que tampoco estaba clasificada.

INCUMPLIMIENTOS DE LA OFERTA

Pero es que tampoco se han cumplido las mejoras ofertadas por las empresas adjudicatarias del concurso y que sirvieron para ganar ante el resto de ofertas competidoras. Así se ofertó informatizar el servicio, pero basta una visita para comprobar que en la oficina solo hay un viejo ordenador que no funciona y que ni siquiera está enchufado. Todo se hace a mano, y los formularios de varias copias y numerados de antaño, que garantizaban la fidelidad de los datos, han sido sustituidos por una mala fotocopia sin numeración ni control posible.
Prometieron mejoras para las instalaciones de la perrera, pero cada vez es más evidente el desgaste de las mismas.
Prometieron equipamiento para el personal, y ahora llevan guantes de jardinería con los que no se atreven a tocar un gato, y todas las actuaciones las hacen a lazo, con el consiguiente trauma para los animales, la mayoría mansos y dóciles. Lo que si han hecho es cambiar el teléfono. Si antes la SAPAP lo pagaba religiosamente, ahora pertenece al Ayuntamiento y lo paga con el presupuesto municipal. Un claro favoritismo. También hemos podido comprobar como alguien con poder ha manipulado la página 20 de las guías telefónicas, donde aparecen los números más solicitados. En el de la Sociedad Protectora han añadido la palabra "Ayuntamiento" y el teléfono que dan es el del grupo popular del Ayuntamiento en vez de la SAPAP. Política de altura ésta del PP.

A los pocos meses de gestión de la perrera por estas empresas, un señor fallece y deja una finca con al menos 11 perros. Los familiares acuden a la perrera para que recojan a los animales, pero se niegan a hacerlo ya que no los consideran abandonados. A cambio les proponen hacerse cargo del cuidado de los animales por la cesión del terreno. Algo totalmente irregular propuesto desde un servicio municipal. Comienza el abandono de las instalaciones, enfermando y, muriendo algunos perros.
Los vecinos tras colocar alambres en la puerta para comprobar si accede alguien a atender a los animales, deciden denunciar al SEPRONA el abandono y maltrato. Se inicia un escándalo que dura en el tiempo, ya que el denunciado es nada menos que el gerente de la perrera, el mismo que ha impuesto el Ayuntamiento pocos meses antes. Desde el Ayuntamiento tratan de que el SEPRONA rectifique su denuncia con nuevas inspecciones, pero los agentes se mantienen firmes y en tres inspecciones, tres informes demoledores, acompañados de fotografías que no dejan lugar a dudas.

El Ayuntamiento, que primero advirtió al propietario, al gerente de la perrera Sr. Abarca, luego tapa todo el asunto para que no les salpique par haber sustituido a la SAPAP en la gestión de la perrera.
En cambio la DGA, llega a sancionarle con 150.000 pesetas de multa por los hechos denunciados, yeso que en Aragón no hay ley de protección animal. En cualquier comunidad limítrofe la sanción hubiese sido millonaria. Finalmente la DGA rebaja la sanción a 50.000 pesetas para no dejar en evidencia al Ayuntamiento de Zaragoza. Los perros desaparecen y se cierra la instalación y así se acabó el problema.
El escándalo se recoge en todos los medios, prensa y radio y el Sr. Abarca se querella contra los periodistas y contra el presidente de la SAPAP por calumnias, pero el juez archiva el coso tras la instrucción. Posteriormente utiliza a sus amigos del Colegio Oficial de Veterinarios y se querella contra Heraldo par el mismo concepto, pero pierden el juicio. Tratan de tapar la boca a todo el mundo pero de nada les sirve.
Por su parte la SAPAP ha ejercido la acción popular en este caso ante el Ayuntamiento y la DGA, y finalmente interpuso un contencioso-administrativo que tras un año de instrucción el Juez Juan Carlos Zapata inadmite por falta de legitimación de la Sociedad. Cachonda resolución. Ahora resulta que las sociedades protectoras de animales no están legitimadas para defenderlos jurídicamente. O sea, que además de no haber ley, nosotros no estamos legitimados. Habrá que poner bombas como el Frente de Liberación Animal.

De cara al ciudadano hay que señalar el deterioro del servicio que presta la perrera, cada vez más orientado a la eliminación de animales y menos proteccionista.
Así se puede observar al analizar el servicio de urgencias. Antes cualquier ciudadano podía reclamar este servicio de un modo directo llamando a una central de búsqueda, cuyo número era conocido públicamente, que aparecía en las guías telefónicas, que se incluía en las publicaciones de la Sociedad, publicitandose en todo tipo de actos y ferias. Ahora en cambio ningún ciudadano conoce el número del móvil al que hay que llamar para solicitar el servicio de urgencias. Para solicitar el servicio hay que llamar a la central del 092, donde hemos podido comprobar que tratan de desalentar al peticionario.

No favorecen la localización del servicio, e incluso niegan que exista un servicio de urgencias.
y cuando el vecino se pone pesado tratan de camelarle diciendo que ya han llamado a la "Protectora", confundiendo al ciudadano entre "perrera" gestionada por empresas con ánimo de lucro y esta Sociedad.
También hemos asistido a actuaciones de urgencias absolutamente lamentables, donde llegan 2 horas después del atropello del animal, recogen al animal herido con un lazo al cuello, lo elevan y lo meten en una jaula como si no le pasase nada. Y luego se lo llevan en la furgoneta para continuar haciendo el resto de avisos sin prestarle ninguna atención sanitaria. Total lo van a matar igual. ¡Qué les Importa que la agonía se prolongue unas horas más!.

La Directora del Instituto Municipal de la Salud Pública afirmaba la existencia de un Plan para controlar poblaciones felinas, en la resolución de Alcaldía de 18 de octubre del 96 en la que acusaba a la SAPAP de deficiencias en el servicio. En su momento esta Sociedad ya alegó que era la primera noticia sobre la existencia de ese plan.
Pero ese mismo invento de la Directora Sra. Mercedes Navarro se vuelve contra ella. Ahora que la perrera la gestiona una empresa privada, vemos lo que pasa con ese plan.
La SAPAP denuncia a petición de la Comunidad de Propietarios de Aparcamientos de la Urbanización Parque Roma, la problemática de la existencia de gatos en el garaje, que incluso duermen en los motores de los vehículos y mueren destrozados al arrancar. La denuncia se presenta en el Ayuntamiento con fecha 24 de junio del 99. Mercedes Navarro nos contesta el 19 de mayo del 2000, casi un año más tarde. Pero lo mejor es su eficacia, pues hasta el 15 de abril del 2000 no colocan una sola jaula-trampa, y tras un mes de actuaciones "...se ha capturado 1 gato, retirándose las jaulas al no entrar más animales..." en palabras de Mercedes Navarro. ¡Menudo plan!.

Otro caso. La SAPAP denuncia con fecha 1 de octubre del 99 de la calle Predicadores, que la empresa Edificaciones y Sistemas S.A. ha obrado en el nº 109 de la citada calle, dejando encerrados a los gatos. Se pide que actúen con diligencia paro sacar a los animales atrapados.
La Alcaldía resuelve con fecha 26 de mayo de 2000 lo siguiente "Comunicar a Edificaciones y Sistemas S.A., que deberá proceder a la retirada de los gatos, en cumplimiento de la ordenanza...". Ocho meses ha necesitado el Ayuntamiento en comunicar al responsable. Los animales hubieran muerto como en tantas ocasiones si no fuera porque hay quien hace agujeros en los tabiques poro que salgan los animales.
Por lo demás, hemos vuelto al oscurantismo, a la falta de información y transparencia. Nadie sabe cual es el destino de los animales. Los datos qué proporcionan son inventados y no hay un formulario que respalde el movimiento de animales. A los periodistas del Heraldo se les niega la visita a la perrera.
No se promocionan las adopciones y quienes acuden a por un animal es gracias a los años de propaganda de esta Sociedad. Los entregan sin sentido, igual da que sea para enfrentarlos al jabalí como para peleas de perros. La cuestión es quitarse animales de encima. Y cuando no se los dejan robar, sin vigilancia y sin mejorar medidas de protección.
Se sacrifican animales antes del periodo de 10 días establecido en la Ordenanza Municipal. Lo que aprobaron los políticos en un pleno, lo trasgrede el I.M.S.P. al obligar a la perrera a sacrificar en un máximo de 7 días.
En resumen, pierden los animales de la ciudad, que en poco tiempo se ha deteriorado el servicio y la posibilidad de adopciones.
Pierde el ciudadano, que ya no tiene garantías de lo que hacen en la perrera con un perro encontrado o incluso con su propio animal extraviado.
Perdemos todos cuando se nos reducen los servicios como el de urgencias para animales atropellados o agresivos, como ha ocurrido en varios casos en que la policía local lo resolvió a tiros.

Y todo esto ocurre en Zaragoza, mientras que en ciudades como Barcelona se crean comisiones municipales de protección animal donde ayuntamiento y entidades ciudadanas deciden juntas.